JUICIO DE AMPARO

 1. El juicio de amparo “…El juicio de amparo no tiene más explicación… que la de servir de medio de defensa del gobernado frente a los actos inconstitucionales del gobernante. El juicio de amparo, pues, tiene en la Constitución su meta y su origen o fuente. Es la Constitución su fuente porque es creado por ella; y es la Constitución su meta porque la finalidad que con él se persigue es lograr el imperio de los mandatos constitucionales. El juicio constitucional o juicio de amparo, llamado también juicio de garantías, es, por consiguiente, guardián del Derecho y de la Constitución”.* El amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal

·         2. • Es un proceso concentrado de anulación --de naturaleza constitucional---, promovido por vía de acción, reclamándose actos de autoridad, y que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los quejosos contra garantías expresamente reconocidas en la constitución, contra los actos conculcatorios de dichas garantías; contra la inexacta y definitiva atribución de la ley al caso concreto; o contra la invasión reciproca de las soberanías ya federal, ya estatales, que agravien directamente a los quejosos, produciendo la sentencia que conceda la protección el efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la violación reclamada ---si el acto es de carácter positivo---, o el de obligar a la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con lo que ella exige ---si es de carácter negativo---. (Juventino V. Castro y Castro) • Es un sistema de defensa de la constitución y de las garantías individuales, de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el Poder AMPARO Judicial Federal y que tiene como materia leyes o actos de la autoridad que violen definiciones las garantías individuales, o implique una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa y que tiene como efecto la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efecto retroactivo al momento de la violación (Alfonso Noriega) • Es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole; que garantiza a favor de particular el sistema competencial existente entre las autoridades federales y las de los Estados y que, por último, protege toda la constitución, así como toda la legislación secundaria, con vista a la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 de la Ley fundamental y en función del interés particular del gobernado. (Ignacio Burgoa) • Es un instrumento jurídico que sirve a los gobernados para defenderse de los actos de autoridad que vulneran las garantías individuales. (Jorge Estrada)

·         3. I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de El amparo procede: los Estados o la esfera de competencia Art. 103 Constitucional del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal

·         4. El amparo tiene una doble finalidad; una inmediata y otra mediata• La finalidad inmediata consiste en • La finalidad mediata consiste en la restituir al quejoso en el goce de la defensa del orden jurídico garantía violada cuando se trata de constitucional y del orden jurídico actos positivos o en obligar a la secundario autoridad a obrar en el sentido de respetar la garantía, cuando se trata de actos negativos

·         5. • Suprema Corte de Justicia de la Nación • Tribunales Colegiados de Circuito • Tribunales Unitarios de Circuito A quién compete conocer del Juicio de • Juzgados de Distrito amparo • Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas • Jueces de Primera Instancia de la Jurisdicción ordinaria

·         6. El artículo 5to. de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio: • Quejoso o quejosos • Autoridad o Autoridades Responsables • Tercero perjudicado • Ministerio Público Federal

·         7. Quejoso Es quien promueve el juicio de amparo; quien demanda la protección federal a través de la acción constitucional. En otras palabras, equivale en un juicio ordinario al actor. Es toda persona física o moral, todo gobernado que con independencia de su sexo, nacionalidad, estado civil y edad, puede promover por sí o por interpósita persona el juicio de amparo

·         8. Autoridad Responsable Es la parte contra la cual se endereza la demanda de amparo. Es el órgano del Estado que forma parte de su gobierno de quien proviene el acto que se reclama

·         9. Concepto moderno de Autoridad Responsable, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.*

·         10. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que autoridad responsable es“…la que dicta, promulga, publica, ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado” De lo anterior se • Ordenadoras desprende la clasificación de las autoridades en: • Ejecutoras

·         11. Tercero Perjudicado Es quien tiene interés en que subsista el acto reclamado. Dicho en otras palabras, Tercero Perjudicado es quien en términos generales resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en el juicio constitucional, y tiene por lo mismo, interés en que el acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncie

·         12. El artículo 5to de la Ley de amparo en su fracción III establece que en el juicio constitucional puede intervenir con el carácter de tercero perjudicado(a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento; b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; c).- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.

·         13. El Ministerio Público La fracción XV del artículo 107 de la Constitución federal dispone que el Procurador General de la republica o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo, pero podrá abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público. Por su parte la fracción IV del artículo 5to de la Ley de Amparo establece que El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala

·         14. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LÍMITE QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO5o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, AL INTERPONER LOS RECURSOS DE LEY. Si bien es cierto que el Ministerio Público Federal conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, es parte en el juicio de garantías y puede interponer los recursos que la misma ley establece, su actuación tiene el límite que el propio dispositivo señala, es decir, procurarla pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, cuando dicha representación social pretende apoyar la conducta de las autoridades responsables al emitir los actos reclamados y obtener la revocación de la sentencia recurrida, como parte no es su función, lo que contraviene a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que carece de legitimación procesal activa, por exceder la función concreta que al Ministerio Público Federal, como parte formal, le corresponde en el juicio de amparo y por asumir la defensa de otra de las partes, en pretendida representación prohibida por la Ley de Amparo.

·         15. INICIATIVA O INSTANCIA DE PARTE Consiste en que el Juicio de Amparo no procede de manera oficiosa. Es indispensable que alguien lo promueva por sí mismo o por interpósita persona. Tiene su fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución federal y 4to de la ley reglamentaria. En dichos preceptos se establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamados.

·         16. Una vez promovido el juicio, corresponde a las partes darle impulso; sin embargo, corre a cargo de los jueces de Distrito vigilar que ningún juicio quede paralizado “…especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia…” (art. 157 LA). La caducidad de la instancia opera porque se deje de actuar por más de 300 días; esto es, que en este periodo de tiempo, las partes no presenten promoción alguna quedé impulso al proceso (art. 74 fracción V LA)

·         17. AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO Consiste en que es el titular del derecho legítimamente tutelado (garantía individual) quien debe sufrir o resentir el agravio; entendiéndose este como menoscabo u ofensa a la persona, sea ésta física o moral. Es personal porque dicho menoscabo debe concretarse específicamente en alguien; no ser abstracto. Y es directo porque debe haberse producido, estarse ejecutado o ser de realización inminente. Tiene su fundamento en la fracción I del artículo 107 de la Constitución federal y artículo 73 fracciones V y VI de la Ley de Amparo.

·         18. Por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral; menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: La afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo Al inferirse el agravio, han de concurrir los siguientes elementos: a) Elemento material u objetivo, consistente en el daño o perjuicio jurídico; agravio propiamente dicho, inferido a la persona que lo recibe. b) Elemento subjetivo pasivo o persona a quien la autoridad infiere el agravio c) Elemento subjetivo activo o autoridad que al actuar infiere el agravio yd) Elemento jurídico o formal, consistente en el precepto constitucional violado por la autoridad que infiere el agravio y protegido por el amparo

·         19. RELATIVIDAD O FORMULA OTERO El principio de relatividad consiste en que la sentencia que se pronuncie en los juicios de amparo solo se ocupará de individuos particulares o de las personas morales privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Los efectos de la sentencia de amparo se extienden a las autoridades que por virtud de sus funciones tienen que intervenir en la ejecución del acto reclamado aunque no hayan sido llamadas a juicio. Tiene su fundamentación en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y artículo 76 de la Ley de Amparo.

·         20. El principio que se examina constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal solicitada, al quejoso, de manera que quién no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia; es decir, que quién no haya acudido al juicio de garantías, ni por lo mismo haya sido amparado contra determinada ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dicha ley o acto hayan sido estimados contrarios a la Carta Magna en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa.

·         21. DEFINITIVIDAD El principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo se deben agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance el quejoso para revocar o anular el acto reclamado conforme a la ley del acto. Este principio tiene su fundamento en el inciso a) fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción IV del citado ordenamiento que respectivamente disponen que el amparo solo procederá “Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo…” y que “En materia administrativa el amparo procede además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal…”

·         22. En congruencia con el principio de definitividad, el artículo 73 de la Ley de amparo, en su fracción XIII estatuye que el juicio constitucional es improcedente “…Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución”. La fracción siguiente dice: “XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado”; y, por último, la fracción XV del precepto legal citado menciona que el amparo es improcedente “…XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación”.

·         23. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD No hay obligación de agotar recurso alguno: A) En materia penal, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. B) Cuando se reclame un auto de formal prisión tampoco es necesario agotar el recurso de apelación. C) Cuando el quejoso no haya sido emplazado legalmente a juicio. D) Cuando se trate de persona extraña al juicio. E) Cuando el acto reclamado carece de la debida fundamentación. F) Cuando el quejoso se propone reclamar la ley en que se sustenta el acto de autoridad.

·         24. ESTRICTO DERECHO El principio de estricto derecho consiste en que el juzgador debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación contenidos en la demanda; y si se trata de los agravios expresados en el recurso de revisión, a tomar en cuenta únicamente lo argüido en dichos agravios. Este principio encuentra su fundamentación en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 107 Constitucional interpretado a contrario sensu y artículo 76 de la Ley de Amparo también interpretado a contrario sensu.

·         25. En acatamiento a este principio, no podrán los jueces apreciar libremente la demanda de amparo, sino que su examen queda constreñido a las argumentaciones formuladas en los conceptos de violación. En virtud de este principio puede ocurrir que no obstante que el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la justicia federal por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo (concepto de violación), conducente a aquella conclusión; y que, siendo ostensiblemente ilegal, la resolución recurrida deba confirmarse por no haberse expuesto el agravio apto que condujera a su revocación.

·         26. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO El artículo 76 bis de la ley de amparo estatuye que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: A) En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. B) En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. C) En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley. D) En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. E) En favor de los menores de edad o incapaces. F) En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

·         27. SUPLENCIA DEL ERROR La suplencia del error consiste en que los tribunales de amparo deben corregir los errores que advierten en la cita de los preceptos constitucionales o legales que se estimen violados “…y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”. Tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo

·         28. Improcedencias del juicio de amparo (art. 73 Ley de Amparo)EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE:I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia; II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral; VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;

·         29. Improcedencias del juicio de amparo: (art. 73 Ley de Amparo) X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218…XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

·         30. Improcedencias del juicio de amparo: (art. 73 Ley de Amparo)XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.

·         31. 15 días (regla general) 30 días (leyes autoaplicativas) En cualquier tiempo (cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal dentro o fuera de juicio, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el art. 22 de la Constitución federal; o bien, la incorporación forzosa al ejercito. También cuando se afecten los derechos Oportunidad para agrarios de un núcleo de población sujeto al presentar el régimen ejidal o comunal, arts. )Amparo 90 días (cuando se trate de resoluciones definitivas, laudos o sentencias que pongan fin al juicio y el quejoso no haya sido legalmente citado al juicio si reside fuera del lugar del juicio pero dentro de la republica). 180 días (Cuando se trate del mismo caso anterior pero siempre que el quejoso resida fuera de la republica).

·         32. El plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación o resolución que se reclame; al día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o resolución; y, por último, al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos (art. 21 LA).

·         33. El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes (ART. 24 LA):I.- Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento; II.- Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento; III.- Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva; IV.- Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.

·         34. LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA DE AMPARO Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán: I.- A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará el recibo correspondiente; II.- Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado; También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.III.- A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente. En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique.

·         35. Sin embargo, el Juez de Distrito podrá ordenar que se notifique personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse apersona distinta de las partes en el juicio se harán personalmente.

·         36. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán (art. 116 LA):I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes; IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1° de esta ley; VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

·         37. DEMANDA POR COMPARECENCIA Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. (art.117 LA)

·         38. DEMANDA POR TELÉGRAFO ARTÍCULO 118.- En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo. ARTICULO 119.- Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma.

·         39. • Directo.- Cundo se trate de resoluciones, laudos o sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio y Amparo contra las cuales no proceda ningún medio ordinario de defensa • Indirecto.- Por exclusión*

·         40. Sin embargo, el artículo 114 de la ley de Amparo, nos dice los casos en que procede el juicio de amparo indirecto: I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1° de esta ley.VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.

·         41. Sustanciación del Amparo Indirecto• Presentación de la demanda, que puede ser por escrito, por comparecencia o por telegrama• Auto admisorio que debe pronunciarse dentro de las 24 hrs.• Informe con justificación, que debe rendirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o dentro de tres días según sea el caso.• Audiencia constitucional, que deberá señalarse dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o dentro de los diez días, según sea el caso.• Ofrecimiento y recepción de pruebas.• Alegatos.• Pedimento.• Sentencia.

·         42. LA DEMANDA DE AMPARO Por regla general, el amparo indirecto debe tramitarse ante los Jueces de Distrito; sin embargo, cuando se trate de violaciones a las garantías del artículo 16 Constitucional en materia penal; 19 y 20 de la Constitución federal, la demanda de amparo puede tramitarse ante el superior jerárquico de la autoridad responsable. Así lo establece el artículo 37 de la Ley de la materia. En estos casos el Superior del Tribunal que haya cometido la violación tiene competencia concurrente con los Juzgados de Distrito para conocer y tramitar el amparo. La demanda de amparo también puede presentarse ante los jueces de primera instancia, según dispone el artículo 38 de la Ley de la materia, sin que ello implique que el juicio deba tramitarse en esa instancia. En efecto, en estos casos los jueces de primera instancia se convierten en auxiliares de los Juzgados de Distrito, únicamente para el efecto de recibir la demanda y en su caso, ordenar la suspensión provisional del acto reclamado pero solamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de juicio, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal. Para que los jueces de primera instancia puedan actuar como auxiliares de la justicia federal, es necesario que no resida Juez de Distrito en el lugar donde radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado. Su actuación se reduce a suspender el acto reclamado cuando es procedente, a solicitar a las responsables sus respectivos informes respectivos y formar un expediente en los términos prescritos por el artículo 144 de la ley de la materia.

·         43. A la demanda de amparo se acompañarán sendas copias para emplazar a las autoridades señaladas como responsables, al tercero perjudicado si lo hay y al Ministerio Público Federal; además dos copias para el incidente de suspensión si se solicitó su trámite y no tuviera que concederse de plano conforme a la ley. Presentada la demanda ante el Juez de Distrito que corresponda, éste debe pronunciarse sobre su admisión dentro de las 24 horas siguientes a la recepción. Si la demanda es obscura o irregular o no está acompañada de las copias necesarias para emplazar y correr traslado a las partes, el Juez prevendrá al promovente para que la aclare, corrija o complete dentro de los tres días siguientes. Si el promovente no subsana la prevención, dentro del plazo establecido, se tendrá por no interpuesta la demanda cuando el acto reclamado solo afecte el patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, fuera de estos casos y transcurrido el termino de tres días para subsanar la prevención sin haber dado cumplimiento a la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público Federal por 24 hrs. Y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda dentro de otras 24 hrs. Si se subsana la prevención, el juez tendrá nuevamente 24 horas para pronunciarse sobre la admisión de la demanda.

·         44. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. (art. 117 LA).En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo. Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma. (arts. 118 y119 LA)

·         45. RECEPCIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS En materia de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posición y las que sean contrarias a la moral o al derecho conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley de Amparo. cabe precisar que la prueba confesional no está prohibida por la ley, puesto que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, hace confesión de hechos que le son propios, pues tiene que admitir el acto que le es atribuido (confesión) o negar su existencia. Lo verdaderamente prohibido es formular posiciones a las autoridades con las formalidades que se exigen para esta clase de prueba. Las pruebas contrarias a la moral son aquellas que causan oprobio o que ofenden la dignidad humana en tanto que las contrarias al derecho son aquellas que se obtienen en contravención a la ley o que su desahogo no está previsto en la norma.

·         46. LA DOCUMENTAL (PÚBLICA Y PRIVADA) Arts. 151 y 152 LA a) Puede presentarse con anterioridad a la audiencia, sin perjuicio de que se haga relación de ella en dicha audiencia y se tenga como recibida en ésta, aunque no exista gestión expresa del interesado b) Los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a las partes las copias o documentos que les soliciten; si no cumplieren, la parte interesada solicitará del Juez que se requiera a los omisos, lo que éste hará y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias, el Juez a petición de parte, si lo estima indispensable podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando, en su caso, a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. c) Si se trata de actuaciones concluidas, éstas podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes (art. 152 LA).

·         47. TESTIMONIAL Y PERICIAL a) Deben anunciarse con cinco días de anticipación sin contar el día del ofrecimiento ni el de la audiencia. b) El oferente debe exhibir el interrogatorio a los testigos o cuestionario para los peritos, según corresponda, en original y copias para las partes c) No se admitirán más de tres testigos por cada hecho d) Los peritos no son recusables, pero el designado por el Juez deberá excusarse cuando le asista alguno de los impedimentos señalados por el artículo 66 de la Ley de Amparo

·         48. LA INSPECCIÓN JUDICIAL Esta prueba debe ofrecerse con la misma anticipación que la testimonial y la pericial. Este medio de prueba tiene como finalidad dejar constancia de todo aquello que pueda ser apreciado a través de los sentidos. La prueba de inspección generalmente se desahoga en fecha previa a la audiencia constitucional, para que ésta no tenga que suspenderse. A ella pueden concurrir las partes y hacer las observaciones que estimen oportunas.

·         49. ALEGATOS Son las argumentos lógico-jurídicos, expresados por las partes con sustento en el material probatorio que obra en autos, en virtud de los cuales consideran que se debe conceder la protección constitucional; negar el amparo o sobreseer el juicio. Los alegatos por regla general deben formularse por escrito, una vez cerrada la etapa de recepción y desahogo de pruebas. Los alegatos no vinculan al juez por lo que podrán o no ser tomados en cuenta al momento de resolverse en definitiva. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, los alegatos podrán formularse verbalmente asentándose en autos extractos de las alegaciones si se solicita; en los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente pero sin exigir que sus alegatos se hagan constar en autos y sin que tales alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

·         50. PEDIMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Consiste en la facultad potestativa que tiene el Ministerio Público Federal para solicitar al Juez de Distrito que en el caso particular conceda o niegue la protección constitucional; según el interés superior del Estado y la familia. La falta de pedimento del Ministerio Publico no es motivo de suspensión ni de diferimiento de la audiencia constitucional.

·         51. LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE AMPARO CONSIDERACIONES PREVIAS Conforme al artículo 2do de la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles resulta de aplicación supletoria. El artículo 220 del CFPC establece que las resoluciones se clasifican en decretos, autos y sentencias Decretos: son simples determinaciones de trámite Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del negocio Sentencias: Son resoluciones que deciden el fondo del negocio En estas condiciones, en materia de amparo, solamente existen las sentencias que niegan o conceden la protección constitucional. La que sobresee no es formalmente sentencia porque no entra a estudio en el fondo del asunto. De acuerdo a lo anterior, en materia de amparo no podemos hablar tampoco de sentencias interlocutorias.

·         52. Es la resolución que pone fin al juicio y que otorga la protección constitucional al quejoso. Es declarativa y de condena y conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo tiene por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, Las que amparan restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Es la resolución que pone fin al juicio y que niega la SENTENCIAS protección constitucional al quejoso ya sea porque se las que niegan la constatan la constitucionalidad del acto reclamado o protección bien, porque sean deficientes los conceptos de constitucional violación esgrimidos por el quejoso y el Juez no pueda suplir esas deficiencias conforme a la ley. En este caso la sentencia es únicamente declarativa. Como apuntamos en lamina anterior, no es propiamente una sentencia; sin embargo, esta Las que sobreseen resolución pone fin al juicio sin que se entre al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Las causas de sobreseimiento se encuentran previstas en el artículo 74 de la L A.

·         53. ARTICULO 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; III.- Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. ARTICULO 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.

·         54. Cumplimiento de las sentencias de Amparo• En principio se deben cumplir dentro de las 24 hrs. siguientes al requerimiento (la autoridad responsable debe informar sobre el cumplimiento que se dé al fallo)• Puede ser con posterioridad al termino anteriormente establecido siempre que se acredite que se está en vías de cumplimiento• De no darse cumplimiento voluntario a la sentencia, el Juez de Distrito requerirá al superior de la autoridad responsable para que obligue a esta a cumplir sin demora la sentencia. Si l autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se le hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atienda el requerimiento y si tiene a su vez superior jerárquico, también se requerirá a este último

     55. AMPARO DIRECTO Se le llama así en atención a que llega en forma inmediata a los Tribunales Colegiados de Circuito, a diferencia del amparo indirecto en el que el acceso a los citados tribunales se produce mediatamente a través de la interposición del recurso de revisión. La tramitación del amparo directo se realiza en una sola instancia, a excepción de lo dispuesto por el artículo 107 Fracción IX

     56. PROCEDENCIA AMPARO DIRECTO (Art.158 Ley de Amparo) • Procede contra Sentencias Definitivas. Resoluciones que ponen fin a Juicios y Ludos Definitivos, resoluciones que no admiten recurso ordinario. • Las resoluciones que ponen fin al juicio pueden no decidir sobre el fondo del asunto, pero lo dan por concluido (sobreseimiento). • Las violaciones procesales que trascienden al fallo y son de imposible reparación son reclamables a través del amparo directo.

     57. Fundamento Legal. El artículo 5 de la Ley de Amparo precisa quiénes son parte en el Juicio Constitucional: I. El Agraviado o Agraviados (Quejoso).II. La Autoridad o Autoridades Responsables.III. El Tercero o Terceros Perjudicados. IV. El Ministerio Público Federal.

       58. DEMANDA La demanda de Amparo siempre ha de formularse por escrito, así lo exige el artículo 166 de la Ley de Amparo, expresando: 1. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre 2. Nombre y domicilio del tercero perjudicado 3. La autoridad o autoridades responsables 4. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio constitutivo del acto o los actos reclamados 5. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio. 6. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación. 7. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente a la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo.

       59. AUTO INICIAL Al igual que en el amparo indirecto, el auto inicial recaído a la demanda de amparo, dictado por el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ser: A) Auto de desechamiento de la demanda; B) Auto aclaratorio de la demanda; C) Auto admisorio de la demanda;

       60. A) Auto de Desechamiento El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo, y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y comunicará su resolución a la autoridad responsable

       61. B) Auto Aclaratorio El artículo 178 de la Ley de Amparo estatuye: “Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haberse llenado los requisitos que establece el artículo 166, el Tribunal Colegiado de Circuito, señalará al promovente un término que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa.” Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable.

     62. C) Auto Admisorio Previsto en el artículo 179 de la Ley de Amparo. Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias, admitirá la demanda y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo. El auto admisorio de la demanda de amparo directo, parte de los supuestos de que: a) No haya motivo de improcedencia; b) No haya defecto en el escrito de demanda; c) Que se hayan llenado las deficiencias marcadas en el auto inicial aclaratorio.

      63. INFORME JUSTIFICADO Es la contestación de la autoridad responsable a la demanda de amparo. La autoridad responsable controvertirá los hechos con cuya exposición no esté de acuerdo, también argumentará en contra de los conceptos de violación, de igual manera rechazará los argumentos de presunta aplicación inexacta de alguna ley o de falta de aplicación de alguno ley o argumentos relativos .• La autoridad responsable hará valer las causas de improcedencia o de sobreseimiento que en su concepto procedan.• La falta de rendición oportuna del informe justificado (tres días), en el amparo directo, según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 169 de la ley de Amparo, dará lugar a que se imponga una sanción de veinte a veinticinco días de salario.

  64. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL TERCERO PERJUDICADO• El artículo 180 de la Ley de Amparo estatuye: El tercero perjudicado y el AMP que hayan intervenido en el proceso de asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de 10 días contados desde el día siguiente al del emplazamiento.• El MPF en atención al artículo 181 de la Ley de Amparo podrá solicitar los autos para formular pedimento pero, deberá devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido.• El Tercero Perjudicado puede presentar sus alegaciones correspondientes, dentro de un plazo de diez días contados desde el día siguiente al del emplazamiento. Las alegaciones estarán encaminadas a contradecir los hechos narrados por el quejoso. Pudiendo de igual manera hacer valer causas de improcedencia y sobreseimiento.

       65. RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas: 1. El Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito turnará el expediente, dentro del término de cinco días, al magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule, por escrito el proyecto de resolución, redactando el proyecto en forma de sentencia. Art. 184 de la Ley de Amparo. 2. El auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos. Art. 184 de la Ley de Amparo.

    66. RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas 3. Si el proyecto del magistrado relator fue aprobado sin adiciones ni reformas se tendrá como sentencia definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes. Art. 188 de la Ley de Amparo.4. Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración al dictarla debiendo quedar firmada dentro del término de quince días. Art. 188 de la Ley de Amparo.

    67. RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas• La sentencia de los Tribunales Colegiados de Circuito no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo, debiendo apoyarse en el texto Constitucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus proposiciones resolutivas, el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo.

      68. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Son distintos según la clase de sentencia (sobreseimiento, concesorío o negatoria del amparo).A. Sentencia de Sobreseimiento. EFECTOS: • Le da fin al juicio de amparo• Se abstiene de emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. • Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio de amparo. • Cesa la suspensión del acto reclamado. • La autoridad responsable recupera sus posibilidades de acción, de realización del acto reclamado.

   69. B. Sentencia denegatoria del amparo. EFECTOS: • Declara la constitucionalidad del acto reclamado. • Finaliza el juicio de amparo. • Le da validez jurídica al acto reclamado. • Cesa la suspensión del acto reclamado.• Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el juicio de amparo.• Permite que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a efecto la plena realización del acto reclamado.

      70. C. Sentencia Concesoría del Amparo. EFECTOS: • Si el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. • Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte lo que la misma garantía exija.

      71. Sentencia Concesoría del Amparo. EFECTOS:• Si ha concedido el amparo contra una violación de procedimiento, el efecto de la sentencia consistirá en anular la sentencia impugnada en el juicio seguido ante la autoridad responsable y anular el acto de procedimiento violatorio, debiendo reponerse el procedimiento a partir de la violación procesal debiendo dictarse nueva sentencia por la autoridad responsable.• Si ha concedido el amparo por una violación constitucional cometida en el propio fallo de la autoridad responsable, el efecto del amparo será que la autoridad responsable dicte un nuevo fallo en el que no incurra en la misma violación constitucional, debiendo sujetarse la autoridad responsable a los lineamientos marcados en la sentencia de amparo.

     72. DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 1.- El amparo directo se plantea para ser resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito, mientras que el indirecto se somete a los Jueces de Distrito o autoridades con competencia auxiliar o concurrente.

     73. DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 2.- El amparo directo opera contra la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de: a) Las sentencias o laudos dictados en las materias civil, mercantil, penal, administrativa, fiscal, laboral, b) Por violaciones cometidas en las sentencias o en los laudos, por violaciones de procedimiento impugnables hasta que se dicta sentencia o laudo y resoluciones que ponen fin al juicio. El amparo indirecto opera: a) Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. b) Actos que violenten garantías individuales.

       74. DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 3.- Un motivo más de distinción entre amparo directo e indirecto es la substanciación, ello visible en que en amparo directo no hay una audiencia constitucional de pruebas y alegatos. Mientras que dentro del Juicio de Amparo Indirecto, se efectúa una Audiencia Constitucional en la que se observan tres importantes etapas: pruebas, alegatos y sentencia.