1. El juicio de amparo “…El juicio de
amparo no tiene más explicación… que la de servir de medio de defensa del
gobernado frente a los actos inconstitucionales del gobernante. El juicio de
amparo, pues, tiene en la Constitución su meta y su origen o fuente. Es la
Constitución su fuente porque es creado por ella; y es la Constitución su meta
porque la finalidad que con él se persigue es lograr el imperio de los mandatos
constitucionales. El juicio constitucional o juicio de amparo, llamado también
juicio de garantías, es, por consiguiente, guardián del Derecho y de la
Constitución”.* El amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de
la Constitución Federal
·
2. • Es un proceso concentrado de
anulación --de naturaleza constitucional---, promovido por vía de acción,
reclamándose actos de autoridad, y que tiene como finalidad el proteger
exclusivamente a los quejosos contra garantías expresamente reconocidas en la
constitución, contra los actos conculcatorios de dichas garantías; contra la
inexacta y definitiva atribución de la ley al caso concreto; o contra la
invasión reciproca de las soberanías ya federal, ya estatales, que agravien
directamente a los quejosos, produciendo la sentencia que conceda la protección
el efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la
violación reclamada ---si el acto es de carácter positivo---, o el de obligar a
la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con lo que ella exige
---si es de carácter negativo---. (Juventino V. Castro y Castro) • Es un
sistema de defensa de la constitución y de las garantías individuales, de tipo
jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el
Poder AMPARO Judicial Federal y que tiene como materia leyes o actos de la
autoridad que violen definiciones las garantías individuales, o implique una
invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa y
que tiene como efecto la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso
en el goce de la garantía violada, con efecto retroactivo al momento de la
violación (Alfonso Noriega) • Es un medio jurídico que preserva las garantías
constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole; que
garantiza a favor de particular el sistema competencial existente entre las
autoridades federales y las de los Estados y que, por último, protege toda la
constitución, así como toda la legislación secundaria, con vista a la garantía
de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 de la Ley fundamental y en
función del interés particular del gobernado. (Ignacio Burgoa) • Es un
instrumento jurídico que sirve a los gobernados para defenderse de los actos de
autoridad que vulneran las garantías individuales. (Jorge Estrada)
·
3. I. Por leyes o actos de la autoridad
que viole las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de El amparo procede: los
Estados o la esfera de competencia Art. 103 Constitucional del Distrito
Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del
Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal
·
4. El amparo tiene una doble finalidad;
una inmediata y otra mediata• La finalidad inmediata consiste en • La finalidad
mediata consiste en la restituir al quejoso en el goce de la defensa del orden
jurídico garantía violada cuando se trata de constitucional y del orden
jurídico actos positivos o en obligar a la secundario autoridad a obrar en el
sentido de respetar la garantía, cuando se trata de actos negativos
·
5. • Suprema Corte de Justicia de la
Nación • Tribunales Colegiados de Circuito • Tribunales Unitarios de Circuito A
quién compete conocer del Juicio de • Juzgados de Distrito amparo • Tribunales
Superiores de Justicia de las Entidades Federativas • Jueces de Primera
Instancia de la Jurisdicción ordinaria
·
6. El artículo 5to. de la Ley de Amparo
establece que son partes en el juicio: • Quejoso o quejosos • Autoridad o
Autoridades Responsables • Tercero perjudicado • Ministerio Público Federal
·
7. Quejoso Es quien promueve el juicio
de amparo; quien demanda la protección federal a través de la acción
constitucional. En otras palabras, equivale en un juicio ordinario al actor. Es
toda persona física o moral, todo gobernado que con independencia de su sexo,
nacionalidad, estado civil y edad, puede promover por sí o por interpósita
persona el juicio de amparo
·
8. Autoridad Responsable Es la parte
contra la cual se endereza la demanda de amparo. Es el órgano del Estado que
forma parte de su gobierno de quien proviene el acto que se reclama
·
9. Concepto moderno de Autoridad
Responsable, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación: AUTORIDAD PARA
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS
PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE
CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL
DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio
que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor
siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término
autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas
que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya
de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como
individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de
que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad
en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de
Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las
atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y
de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente
intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado
cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en
materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la
llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados
y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto
tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la
aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de
los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la
disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con
fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los
cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que
afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los
órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es,
ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende
constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que
por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza
pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que
el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma
indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o
del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien
se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe
atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o
resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y
que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de
otras autoridades.*
·
10. El artículo 11 de la Ley de Amparo
establece que autoridad responsable es“…la que dicta, promulga, publica, ordena
ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado” De lo anterior se • Ordenadoras
desprende la clasificación de las autoridades en: • Ejecutoras
·
11. Tercero Perjudicado Es quien tiene
interés en que subsista el acto reclamado. Dicho en otras palabras, Tercero
Perjudicado es quien en términos generales resulta beneficiado con el acto que
el quejoso impugna en el juicio constitucional, y tiene por lo mismo, interés
en que el acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el
mencionado juicio se pronuncie
·
12. El artículo 5to de la Ley de amparo
en su fracción III establece que en el juicio constitucional puede intervenir
con el carácter de tercero perjudicado(a).- La contraparte del agraviado cuando
el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal,
o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido
por persona extraña al procedimiento; b).- El ofendido o las personas que,
conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la
responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los
juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre
que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; c).- La persona o
personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo,
cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la
judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo
en la subsistencia del acto reclamado.
·
13. El Ministerio Público La fracción XV
del artículo 107 de la Constitución federal dispone que el Procurador General
de la republica o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto
designare, será parte en todos los juicios de amparo, pero podrá abstenerse de
intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio,
de interés público. Por su parte la fracción IV del artículo 5to de la Ley de
Amparo establece que El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en
todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para
interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales
locales, independientemente de las obligaciones que la misma Ley le precisa
para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo,
tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo
afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio
Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala
·
14. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LÍMITE
QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO5o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, AL INTERPONER
LOS RECURSOS DE LEY. Si bien es cierto que el Ministerio Público Federal
conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo,
es parte en el juicio de garantías y puede interponer los recursos que la misma
ley establece, su actuación tiene el límite que el propio dispositivo señala,
es decir, procurarla pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo,
cuando dicha representación social pretende apoyar la conducta de las
autoridades responsables al emitir los actos reclamados y obtener la revocación
de la sentencia recurrida, como parte no es su función, lo que contraviene a lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que carece de legitimación
procesal activa, por exceder la función concreta que al Ministerio Público
Federal, como parte formal, le corresponde en el juicio de amparo y por asumir
la defensa de otra de las partes, en pretendida representación prohibida por la
Ley de Amparo.
·
15. INICIATIVA O INSTANCIA DE PARTE
Consiste en que el Juicio de Amparo no procede de manera oficiosa. Es
indispensable que alguien lo promueva por sí mismo o por interpósita persona.
Tiene su fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la
Constitución federal y 4to de la ley reglamentaria. En dichos preceptos se
establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a
quien perjudique el acto o la ley reclamados.
·
16. Una vez promovido el juicio,
corresponde a las partes darle impulso; sin embargo, corre a cargo de los
jueces de Distrito vigilar que ningún juicio quede paralizado “…especialmente
cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia…” (art. 157 LA).
La caducidad de la instancia opera porque se deje de actuar por más de 300
días; esto es, que en este periodo de tiempo, las partes no presenten promoción
alguna quedé impulso al proceso (art. 74 fracción V LA)
·
17. AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO Consiste
en que es el titular del derecho legítimamente tutelado (garantía individual)
quien debe sufrir o resentir el agravio; entendiéndose este como menoscabo u
ofensa a la persona, sea ésta física o moral. Es personal porque dicho
menoscabo debe concretarse específicamente en alguien; no ser abstracto. Y es
directo porque debe haberse producido, estarse ejecutado o ser de realización
inminente. Tiene su fundamento en la fracción I del artículo 107 de la
Constitución federal y artículo 73 fracciones V y VI de la Ley de Amparo.
·
18. Por agravio debe entenderse todo
menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral; menoscabo que puede o no
ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras
palabras: La afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y
no de carácter simplemente subjetivo Al inferirse el agravio, han de concurrir
los siguientes elementos: a) Elemento material u objetivo, consistente en el
daño o perjuicio jurídico; agravio propiamente dicho, inferido a la persona que
lo recibe. b) Elemento subjetivo pasivo o persona a quien la autoridad infiere
el agravio c) Elemento subjetivo activo o autoridad que al actuar infiere el
agravio yd) Elemento jurídico o formal, consistente en el precepto
constitucional violado por la autoridad que infiere el agravio y protegido por
el amparo
·
19. RELATIVIDAD O FORMULA OTERO El
principio de relatividad consiste en que la sentencia que se pronuncie en los
juicios de amparo solo se ocupará de individuos particulares o de las personas
morales privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándose a
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse
la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la
motivare. Los efectos de la sentencia de amparo se extienden a las autoridades
que por virtud de sus funciones tienen que intervenir en la ejecución del acto
reclamado aunque no hayan sido llamadas a juicio. Tiene su fundamentación en la
fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y artículo 76 de la Ley
de Amparo.
·
20. El principio que se examina
constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que conceda
la protección de la justicia federal solicitada, al quejoso, de manera que
quién no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la
apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado
el juzgador en la mencionada sentencia; es decir, que quién no haya acudido al
juicio de garantías, ni por lo mismo haya sido amparado contra determinada ley
o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dicha ley o acto hayan sido
estimados contrarios a la Carta Magna en un juicio en el que aquél no fue parte
quejosa.
·
21. DEFINITIVIDAD El principio de
definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo se deben
agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance el quejoso
para revocar o anular el acto reclamado conforme a la ley del acto. Este
principio tiene su fundamento en el inciso a) fracción III del artículo 107 de la
Constitución Federal y en la fracción IV del citado ordenamiento que
respectivamente disponen que el amparo solo procederá “Contra sentencias
definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los
cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o
reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante
el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado
del fallo…” y que “En materia administrativa el amparo procede además, contra
resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o
medio de defensa legal…”
·
22. En congruencia con el principio de
definitividad, el artículo 73 de la Ley de amparo, en su fracción XIII estatuye
que el juicio constitucional es improcedente “…Contra las resoluciones
judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales
conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por
virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la
parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción
VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños. Se
exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe
peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los
actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución”. La fracción siguiente
dice: “XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún
recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto
modificar, revocar o nulificar el acto reclamado”; y, por último, la fracción
XV del precepto legal citado menciona que el amparo es improcedente “…XV.-
Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a
las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio
de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o
nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos
de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal
que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la
presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva,
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible
de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales
recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación”.
·
23. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD No hay obligación de agotar recurso alguno: A) En materia penal,
cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o
destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. B)
Cuando se reclame un auto de formal prisión tampoco es necesario agotar el
recurso de apelación. C) Cuando el quejoso no haya sido emplazado legalmente a
juicio. D) Cuando se trate de persona extraña al juicio. E) Cuando el acto
reclamado carece de la debida fundamentación. F) Cuando el quejoso se propone
reclamar la ley en que se sustenta el acto de autoridad.
·
24. ESTRICTO DERECHO El principio de
estricto derecho consiste en que el juzgador debe concretarse a examinar la
constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en
los conceptos de violación contenidos en la demanda; y si se trata de los
agravios expresados en el recurso de revisión, a tomar en cuenta únicamente lo
argüido en dichos agravios. Este principio encuentra su fundamentación en el
párrafo segundo de la fracción II del artículo 107 Constitucional interpretado
a contrario sensu y artículo 76 de la Ley de Amparo también interpretado a
contrario sensu.
·
25. En acatamiento a este principio, no
podrán los jueces apreciar libremente la demanda de amparo, sino que su examen
queda constreñido a las argumentaciones formuladas en los conceptos de
violación. En virtud de este principio puede ocurrir que no obstante que el
acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la
justicia federal por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo (concepto de
violación), conducente a aquella conclusión; y que, siendo ostensiblemente
ilegal, la resolución recurrida deba confirmarse por no haberse expuesto el
agravio apto que condujera a su revocación.
·
26. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ESTRICTO
DERECHO El artículo 76 bis de la ley de amparo estatuye que las autoridades que
conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de
violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos
que esta ley establece, conforme a lo siguiente: A) En cualquier materia,
cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. B) En materia penal, la
suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios
del reo. C) En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de
esta Ley. D) En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del
trabajador. E) En favor de los menores de edad o incapaces. F) En otras
materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del
particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin
defensa.
·
27. SUPLENCIA DEL ERROR La suplencia del
error consiste en que los tribunales de amparo deben corregir los errores que
advierten en la cita de los preceptos constitucionales o legales que se estimen
violados “…y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los
agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la
demanda”. Tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de
Amparo
·
28. Improcedencias del juicio de amparo
(art. 73 Ley de Amparo)EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE:I.- Contra actos de
la Suprema Corte de Justicia; II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios
de amparo o en ejecución de las mismas; III.- Contra leyes o actos que sean
materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya
sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo
quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque
las violaciones constitucionales sean diversas; IV.- Contra leyes o actos que
hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos
de la fracción anterior; V.- Contra actos que no afecten los intereses
jurídicos del quejoso VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su
sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto
posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; VII.- Contra las
resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia
electoral; VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal
o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de
sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión
o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones
correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente; IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;
·
29. Improcedencias del juicio de amparo:
(art. 73 Ley de Amparo) X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial,
o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por
virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse
consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento
respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva
situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones
a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se
considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la
improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del
proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda
al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la
resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; XI.- Contra actos
consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese
consentimiento; XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por
tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los
términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218…XIII.- Contra las
resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto
de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del
procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o
nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer
oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional
dispone para los terceros extraños.XIV.- Cuando se esté tramitando ante los
tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso
que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;
·
30. Improcedencias del juicio de amparo:
(art. 73 Ley de Amparo)XV.- Contra actos de autoridades distintas de los
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados
de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún
recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser
modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes
se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso
o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos
que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva,
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible
de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales
recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; XVI.-
Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XVII.- Cuando subsistiendo
el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber
dejado de existir el objeto o la materia del mismo; XVIII.- En los demás casos
en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales
de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.
·
31. 15 días (regla general) 30 días
(leyes autoaplicativas) En cualquier tiempo (cuando se trate de actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal dentro
o fuera de juicio, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el
art. 22 de la Constitución federal; o bien, la incorporación forzosa al
ejercito. También cuando se afecten los derechos Oportunidad para agrarios de
un núcleo de población sujeto al presentar el régimen ejidal o comunal, arts.
)Amparo 90 días (cuando se trate de resoluciones definitivas, laudos o
sentencias que pongan fin al juicio y el quejoso no haya sido legalmente citado
al juicio si reside fuera del lugar del juicio pero dentro de la republica).
180 días (Cuando se trate del mismo caso anterior pero siempre que el quejoso
resida fuera de la republica).
·
32. El plazo de quince días para la
interposición de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en
que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación o
resolución que se reclame; al día siguiente al en que se haya tenido
conocimiento del acto o resolución; y, por último, al día siguiente al en que se
hubiese ostentado sabedor de los mismos (art. 21 LA).
·
33. El cómputo de los términos en el
juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes (ART. 24 LA):I.- Comenzará
a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y
se incluirá en ellos el día del vencimiento; II.- Los términos se contarán por
días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos
en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento; III.-
Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte
desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la
notificación respectiva; IV.- Los términos deben entenderse sin perjuicio de
ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o
dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda
exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.
·
34. LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA DE
AMPARO Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los
juzgados de Distrito, se harán: I.- A las autoridades responsables y a las
autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de
oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el
lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro
talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón
correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada
con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el
libro talonario, se recabará el recibo correspondiente; II.- Personalmente, a
los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el
establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio;
o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se
observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para
recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado; También
deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o
prevenciones que se les formulen.III.- A los agraviados no privados de la
libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores,
defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al
Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de
fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del
día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes
mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas
del mismo día, se tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón
correspondiente. En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará
el número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nombre
del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y síntesis de la
resolución que se notifique.
·
35. Sin embargo, el Juez de Distrito
podrá ordenar que se notifique personalmente determinada notificación a
cualquiera de las partes cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el
emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse
apersona distinta de las partes en el juicio se harán personalmente.
·
36. La demanda de amparo deberá
formularse por escrito, en la que se expresarán (art. 116 LA):I.- El nombre y
domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II.- El nombre y
domicilio del tercero perjudicado; III.- La autoridad o autoridades responsables;
el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la
ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes; IV.-
La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo
protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y
que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos
de violación; V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías
individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos
de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del
artículo 1° de esta ley; VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la
fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad
reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si
el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se
señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la
facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.
·
37. DEMANDA POR COMPARECENCIA Cuando se
trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la
libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno
de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para
la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la
autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en
que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de
ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia,
levantándose al efecto acta ante el juez. (art.117 LA)
·
38. DEMANDA POR TELÉGRAFO ARTÍCULO 118.-
En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del
acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor
encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los
requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el
peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días
siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo. ARTICULO 119.-
Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada,
se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias
decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al
interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos
previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo
establece el artículo 18 de la misma.
·
39. • Directo.- Cundo se trate de
resoluciones, laudos o sentencias definitivas dictadas por tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo que pongan fin al juicio y Amparo
contra las cuales no proceda ningún medio ordinario de defensa • Indirecto.-
Por exclusión*
·
40. Sin embargo, el artículo 114 de la
ley de Amparo, nos dice los casos en que procede el juicio de amparo indirecto:
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos
expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del
artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los
gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de
observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer
acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; II.- Contra actos que no
provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos
casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de
juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por
violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por
virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los
derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea
promovido por persona extraña a la controversia.III.- Contra actos de
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio
o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo
podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el
procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás
violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin
defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio
contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. IV.- Contra
actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que
sea de imposible reparación; V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de
juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a
favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por
efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de
tercería; VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados,
en los casos de las fracciones II y III del artículo 1° de esta ley.VII.-
Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o
el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el
párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.
·
41. Sustanciación del Amparo Indirecto•
Presentación de la demanda, que puede ser por escrito, por comparecencia o por
telegrama• Auto admisorio que debe pronunciarse dentro de las 24 hrs.• Informe
con justificación, que debe rendirse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación o dentro de tres días según sea el caso.• Audiencia
constitucional, que deberá señalarse dentro de los 30 días siguientes a la
admisión de la demanda o dentro de los diez días, según sea el caso.•
Ofrecimiento y recepción de pruebas.• Alegatos.• Pedimento.• Sentencia.
·
42. LA DEMANDA DE AMPARO Por regla general,
el amparo indirecto debe tramitarse ante los Jueces de Distrito; sin embargo,
cuando se trate de violaciones a las garantías del artículo 16 Constitucional
en materia penal; 19 y 20 de la Constitución federal, la demanda de amparo
puede tramitarse ante el superior jerárquico de la autoridad responsable. Así
lo establece el artículo 37 de la Ley de la materia. En estos casos el Superior
del Tribunal que haya cometido la violación tiene competencia concurrente con
los Juzgados de Distrito para conocer y tramitar el amparo. La demanda de
amparo también puede presentarse ante los jueces de primera instancia, según
dispone el artículo 38 de la Ley de la materia, sin que ello implique que el
juicio deba tramitarse en esa instancia. En efecto, en estos casos los jueces
de primera instancia se convierten en auxiliares de los Juzgados de Distrito,
únicamente para el efecto de recibir la demanda y en su caso, ordenar la
suspensión provisional del acto reclamado pero solamente cuando se trate de
actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal fuera de juicio, deportación o destierro, o cualquiera de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal. Para que los jueces
de primera instancia puedan actuar como auxiliares de la justicia federal, es
necesario que no resida Juez de Distrito en el lugar donde radique la autoridad
que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado. Su actuación se reduce a
suspender el acto reclamado cuando es procedente, a solicitar a las responsables
sus respectivos informes respectivos y formar un expediente en los términos
prescritos por el artículo 144 de la ley de la materia.
·
43. A la demanda de amparo se
acompañarán sendas copias para emplazar a las autoridades señaladas como
responsables, al tercero perjudicado si lo hay y al Ministerio Público Federal;
además dos copias para el incidente de suspensión si se solicitó su trámite y
no tuviera que concederse de plano conforme a la ley. Presentada la demanda
ante el Juez de Distrito que corresponda, éste debe pronunciarse sobre su
admisión dentro de las 24 horas siguientes a la recepción. Si la demanda es
obscura o irregular o no está acompañada de las copias necesarias para emplazar
y correr traslado a las partes, el Juez prevendrá al promovente para que la aclare,
corrija o complete dentro de los tres días siguientes. Si el promovente no
subsana la prevención, dentro del plazo establecido, se tendrá por no
interpuesta la demanda cuando el acto reclamado solo afecte el patrimonio o
derechos patrimoniales del quejoso, fuera de estos casos y transcurrido el
termino de tres días para subsanar la prevención sin haber dado cumplimiento a
la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público
Federal por 24 hrs. Y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la
demanda dentro de otras 24 hrs. Si se subsana la prevención, el juez tendrá
nuevamente 24 horas para pronunciarse sobre la admisión de la demanda.
·
44. Cuando se trate de actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera
de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos
por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la
demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese
ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el
agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En
estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto
acta ante el juez. (art. 117 LA).En casos que no admitan demora, la petición
del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun
por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la
justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si
se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por
escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición
por telégrafo. Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la
ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin
efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta
días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción
de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se
procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma. (arts. 118 y119 LA)
·
45. RECEPCIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS En
materia de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posición
y las que sean contrarias a la moral o al derecho conforme lo dispone el
artículo 150 de la Ley de Amparo. cabe precisar que la prueba confesional no
está prohibida por la ley, puesto que la autoridad responsable al rendir su
informe con justificación, hace confesión de hechos que le son propios, pues
tiene que admitir el acto que le es atribuido (confesión) o negar su existencia.
Lo verdaderamente prohibido es formular posiciones a las autoridades con las
formalidades que se exigen para esta clase de prueba. Las pruebas contrarias a
la moral son aquellas que causan oprobio o que ofenden la dignidad humana en
tanto que las contrarias al derecho son aquellas que se obtienen en
contravención a la ley o que su desahogo no está previsto en la norma.
·
46. LA DOCUMENTAL (PÚBLICA Y PRIVADA)
Arts. 151 y 152 LA a) Puede presentarse con anterioridad a la audiencia, sin
perjuicio de que se haga relación de ella en dicha audiencia y se tenga como
recibida en ésta, aunque no exista gestión expresa del interesado b) Los
funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a
las partes las copias o documentos que les soliciten; si no cumplieren, la
parte interesada solicitará del Juez que se requiera a los omisos, lo que éste
hará y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días. Si a
pesar del requerimiento no se expidieren las copias, el Juez a petición de parte,
si lo estima indispensable podrá transferir la audiencia hasta en tanto se
expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando, en su caso, a la
autoridad omisa por desobediencia a su mandato. c) Si se trata de actuaciones
concluidas, éstas podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las
partes (art. 152 LA).
·
47. TESTIMONIAL Y PERICIAL a) Deben
anunciarse con cinco días de anticipación sin contar el día del ofrecimiento ni
el de la audiencia. b) El oferente debe exhibir el interrogatorio a los
testigos o cuestionario para los peritos, según corresponda, en original y
copias para las partes c) No se admitirán más de tres testigos por cada hecho d)
Los peritos no son recusables, pero el designado por el Juez deberá excusarse
cuando le asista alguno de los impedimentos señalados por el artículo 66 de la
Ley de Amparo
·
48. LA INSPECCIÓN JUDICIAL Esta prueba
debe ofrecerse con la misma anticipación que la testimonial y la pericial. Este
medio de prueba tiene como finalidad dejar constancia de todo aquello que pueda
ser apreciado a través de los sentidos. La prueba de inspección generalmente se
desahoga en fecha previa a la audiencia constitucional, para que ésta no tenga
que suspenderse. A ella pueden concurrir las partes y hacer las observaciones
que estimen oportunas.
·
49. ALEGATOS Son las argumentos
lógico-jurídicos, expresados por las partes con sustento en el material
probatorio que obra en autos, en virtud de los cuales consideran que se debe
conceder la protección constitucional; negar el amparo o sobreseer el juicio.
Los alegatos por regla general deben formularse por escrito, una vez cerrada la
etapa de recepción y desahogo de pruebas. Los alegatos no vinculan al juez por
lo que podrán o no ser tomados en cuenta al momento de resolverse en definitiva.
Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques
a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos
por el artículo 22 de la Constitución Federal, los alegatos podrán formularse
verbalmente asentándose en autos extractos de las alegaciones si se solicita;
en los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente pero sin exigir que
sus alegatos se hagan constar en autos y sin que tales alegatos puedan exceder
de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.
·
50. PEDIMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL Consiste en la facultad potestativa que tiene el Ministerio Público
Federal para solicitar al Juez de Distrito que en el caso particular conceda o
niegue la protección constitucional; según el interés superior del Estado y la
familia. La falta de pedimento del Ministerio Publico no es motivo de
suspensión ni de diferimiento de la audiencia constitucional.
·
51. LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE AMPARO CONSIDERACIONES
PREVIAS Conforme al artículo 2do de la Ley de Amparo, el Código Federal de
Procedimientos Civiles resulta de aplicación supletoria. El artículo 220 del
CFPC establece que las resoluciones se clasifican en decretos, autos y
sentencias Decretos: son simples determinaciones de trámite Autos: Son
resoluciones que deciden cualquier punto dentro del negocio Sentencias: Son
resoluciones que deciden el fondo del negocio En estas condiciones, en materia
de amparo, solamente existen las sentencias que niegan o conceden la protección
constitucional. La que sobresee no es formalmente sentencia porque no entra a
estudio en el fondo del asunto. De acuerdo a lo anterior, en materia de amparo
no podemos hablar tampoco de sentencias interlocutorias.
·
52. Es la resolución que pone fin al
juicio y que otorga la protección constitucional al quejoso. Es declarativa y
de condena y conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo
tiene por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía
individual violada, Las que amparan restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter
positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la
autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que
se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Es la
resolución que pone fin al juicio y que niega la SENTENCIAS protección
constitucional al quejoso ya sea porque se las que niegan la constatan la
constitucionalidad del acto reclamado o protección bien, porque sean
deficientes los conceptos de constitucional violación esgrimidos por el quejoso
y el Juez no pueda suplir esas deficiencias conforme a la ley. En este caso la
sentencia es únicamente declarativa. Como apuntamos en lamina anterior, no es
propiamente una sentencia; sin embargo, esta Las que sobreseen resolución pone
fin al juicio sin que se entre al estudio de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del acto reclamado. Las causas de sobreseimiento se
encuentran previstas en el artículo 74 de la L A.
·
53. ARTICULO 77.- Las sentencias que se
dicten en los juicios de amparo deben contener: I.- La fijación clara y precisa
del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para
tenerlos o no por demostrados; II.- Los fundamentos legales en que se apoyen
para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del acto reclamado; III.- Los puntos resolutivos con que
deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o
actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. ARTICULO 78.- En las
sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se
apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se
admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido
ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de
la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en
consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su
constitucionalidad o inconstitucionalidad. El juez de amparo deberá recabar
oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren
en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.
·
54. Cumplimiento de las sentencias de
Amparo• En principio se deben cumplir dentro de las 24 hrs. siguientes al
requerimiento (la autoridad responsable debe informar sobre el cumplimiento que
se dé al fallo)• Puede ser con posterioridad al termino anteriormente
establecido siempre que se acredite que se está en vías de cumplimiento• De no
darse cumplimiento voluntario a la sentencia, el Juez de Distrito requerirá al
superior de la autoridad responsable para que obligue a esta a cumplir sin
demora la sentencia. Si l autoridad responsable no tuviere superior, el
requerimiento se le hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de
la autoridad responsable no atienda el requerimiento y si tiene a su vez
superior jerárquico, también se requerirá a este último
55. AMPARO
DIRECTO Se le llama así en atención a que llega en forma inmediata a los Tribunales
Colegiados de Circuito, a diferencia del amparo indirecto en el que el
acceso a los citados tribunales se produce mediatamente a través de la
interposición del recurso de revisión. La tramitación del amparo directo
se realiza en una sola instancia, a excepción de lo dispuesto por el
artículo 107 Fracción IX
56.
PROCEDENCIA AMPARO DIRECTO (Art.158 Ley de Amparo) • Procede contra
Sentencias Definitivas. Resoluciones que ponen fin a Juicios y Ludos
Definitivos, resoluciones que no admiten recurso ordinario. • Las
resoluciones que ponen fin al juicio pueden no decidir sobre el fondo del
asunto, pero lo dan por concluido (sobreseimiento). • Las violaciones
procesales que trascienden al fallo y son de imposible reparación son
reclamables a través del amparo directo.
57.
Fundamento Legal. El artículo 5 de la Ley de Amparo precisa quiénes son
parte en el Juicio Constitucional: I. El Agraviado o Agraviados
(Quejoso).II. La Autoridad o Autoridades Responsables.III. El Tercero o
Terceros Perjudicados. IV. El Ministerio Público Federal.
58.
DEMANDA La demanda de Amparo siempre ha de formularse por escrito, así lo
exige el artículo 166 de la Ley de Amparo, expresando: 1. Nombre y
domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre 2. Nombre y
domicilio del tercero perjudicado 3. La autoridad o autoridades
responsables 4. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere
puesto fin al juicio constitutivo del acto o los actos reclamados 5. La
fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o
resolución que hubiere puesto fin al juicio. 6. Los preceptos
constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la
misma violación. 7. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente
a la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan
consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo.
59. AUTO
INICIAL Al igual que en el amparo indirecto, el auto inicial recaído a la
demanda de amparo, dictado por el Tribunal Colegiado de Circuito podrá
ser: A) Auto de desechamiento de la demanda; B) Auto aclaratorio de la
demanda; C) Auto admisorio de la demanda;
60. A)
Auto de Desechamiento El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante
todo, la demanda de amparo, y si encuentra motivos manifiestos de
improcedencia, la desechará de plano y comunicará su resolución a la
autoridad responsable
61. B)
Auto Aclaratorio El artículo 178 de la Ley de Amparo estatuye: “Si hubiere
irregularidad en el escrito de demanda, por no haberse llenado los
requisitos que establece el artículo 166, el Tribunal Colegiado de
Circuito, señalará al promovente un término que no excederá de cinco días,
para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere
incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa.” Si el
quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta
la demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable.
62. C)
Auto Admisorio Previsto en el artículo 179 de la Ley de Amparo. Si el
Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia
o defecto en el escrito de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias,
admitirá la demanda y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo. El
auto admisorio de la demanda de amparo directo, parte de los supuestos de
que: a) No haya motivo de improcedencia; b) No haya defecto en el escrito
de demanda; c) Que se hayan llenado las deficiencias marcadas en el auto
inicial aclaratorio.
63.
INFORME JUSTIFICADO Es la contestación de la autoridad responsable a la
demanda de amparo. La autoridad responsable controvertirá los hechos con
cuya exposición no esté de acuerdo, también argumentará en contra de los
conceptos de violación, de igual manera rechazará los argumentos de presunta
aplicación inexacta de alguna ley o de falta de aplicación de alguno ley o
argumentos relativos .• La autoridad responsable hará valer las causas de
improcedencia o de sobreseimiento que en su concepto procedan.• La falta
de rendición oportuna del informe justificado (tres días), en el amparo
directo, según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 169 de la
ley de Amparo, dará lugar a que se imponga una sanción de veinte a
veinticinco días de salario.
64.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL TERCERO PERJUDICADO• El artículo
180 de la Ley de Amparo estatuye: El tercero perjudicado y el AMP que
hayan intervenido en el proceso de asuntos del orden penal, podrán
presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal
Colegiado de Circuito dentro del término de 10 días contados desde el día
siguiente al del emplazamiento.• El MPF en atención al artículo 181 de la
Ley de Amparo podrá solicitar los autos para formular pedimento pero,
deberá devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de
la fecha en que los haya recibido.• El Tercero Perjudicado puede presentar
sus alegaciones correspondientes, dentro de un plazo de diez días contados
desde el día siguiente al del emplazamiento. Las alegaciones estarán
encaminadas a contradecir los hechos narrados por el quejoso. Pudiendo de
igual manera hacer valer causas de improcedencia y sobreseimiento.
65.
RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas: 1. El Presidente del Tribunal
Colegiado de Circuito turnará el expediente, dentro del término de cinco
días, al magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule, por
escrito el proyecto de resolución, redactando el proyecto en forma de
sentencia. Art. 184 de la Ley de Amparo. 2. El auto por virtud del cual se
turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para
sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los
quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos. Art. 184 de la
Ley de Amparo.
66.
RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas 3. Si el proyecto del magistrado
relator fue aprobado sin adiciones ni reformas se tendrá como sentencia
definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes. Art. 188 de
la Ley de Amparo.4. Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno
de los de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los
hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en
consideración al dictarla debiendo quedar firmada dentro del término de
quince días. Art. 188 de la Ley de Amparo.
67.
RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO Reglas• La sentencia de los Tribunales
Colegiados de Circuito no comprenderán más cuestiones que las legales
propuestas en la demanda de amparo, debiendo apoyarse en el texto
Constitucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus proposiciones
resolutivas, el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo.
68.
EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Son distintos según la clase de sentencia
(sobreseimiento, concesorío o negatoria del amparo).A. Sentencia de
Sobreseimiento. EFECTOS: • Le da fin al juicio de amparo• Se abstiene de
emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del acto reclamado. • Deja el acto reclamado en las condiciones en que se
encontraba al promoverse el juicio de amparo. • Cesa la suspensión del
acto reclamado. • La autoridad responsable recupera sus posibilidades de
acción, de realización del acto reclamado.
69. B.
Sentencia denegatoria del amparo. EFECTOS: • Declara la constitucionalidad
del acto reclamado. • Finaliza el juicio de amparo. • Le da validez
jurídica al acto reclamado. • Cesa la suspensión del acto reclamado.• Deja
el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse el
juicio de amparo.• Permite que la autoridad responsable esté en
condiciones de llevar a efecto la plena realización del acto reclamado.
70. C.
Sentencia Concesoría del Amparo. EFECTOS: • Si el acto reclamado es de
carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada,
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. •
Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería
obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la
garantía de que se trate y a cumplir, por su parte lo que la misma
garantía exija.
71.
Sentencia Concesoría del Amparo. EFECTOS:• Si ha concedido el amparo
contra una violación de procedimiento, el efecto de la sentencia
consistirá en anular la sentencia impugnada en el juicio seguido ante la
autoridad responsable y anular el acto de procedimiento violatorio,
debiendo reponerse el procedimiento a partir de la violación procesal
debiendo dictarse nueva sentencia por la autoridad responsable.• Si ha
concedido el amparo por una violación constitucional cometida en el propio
fallo de la autoridad responsable, el efecto del amparo será que la
autoridad responsable dicte un nuevo fallo en el que no incurra en la
misma violación constitucional, debiendo sujetarse la autoridad
responsable a los lineamientos marcados en la sentencia de amparo.
72.
DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 1.- El amparo directo se
plantea para ser resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito,
mientras que el indirecto se somete a los Jueces de Distrito o autoridades
con competencia auxiliar o concurrente.
73.
DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 2.- El amparo directo opera
contra la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de: a) Las sentencias
o laudos dictados en las materias civil, mercantil, penal, administrativa,
fiscal, laboral, b) Por violaciones cometidas en las sentencias o en los
laudos, por violaciones de procedimiento impugnables hasta que se dicta
sentencia o laudo y resoluciones que ponen fin al juicio. El amparo
indirecto opera: a) Contra actos de tribunales judiciales, administrativos
o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. b) Actos
que violenten garantías individuales.
74.
DIFERENCIAS ENTRE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO 3.- Un motivo más de
distinción entre amparo directo e indirecto es la substanciación, ello
visible en que en amparo directo no hay una audiencia constitucional de
pruebas y alegatos. Mientras que dentro del Juicio de Amparo Indirecto, se
efectúa una Audiencia Constitucional en la que se observan tres
importantes etapas: pruebas, alegatos y sentencia.
